La Sala Plena virtual de la Corte Constitucional llevó a cabo el control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 del 2020, el cual tiene vigencia por dos años. Una de las decisiones más esperadas, sin duda, por la comunidad jurídica en los últimos meses.
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La medida de excepción que intervenía los contratos de arrendamiento comercial para autorizar la terminación unilateral a favor de una sola de las partes resulta incompatible con la Constitución Política de 1991.
La participación de la víctima en el proceso penal acusatorio es amplia, esto permite garantizarle sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, indicó la Corte Constitucional, por medio de una tutela.